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In acknowledgement of the urgent need for more effective and interlinked regional feminist responses from the economic south involving and in support of women advocates working in areas of gender and development, DAWN is organising a series of regional consultations and training institutes on “Strengthening Policy Analysis and Advocacy on Gender, Economic and Ecological Justice” in three regions - the Pacific, Africa and Latin America - in 2010 and 2011.
This advocacy is part of DAWN’s on-going effort to help promote awareness on and resolution to three major challenges highlighted in global governance debates: The first challenge is the existence of double standards in the response to the triple crisis. An unequal playing field in key policy areas is a major obstacle to coordinated response. The second challenge is the search for a sustainable model of economic recovery, growth, and development. The focus on financing climate change mitigation and adaptation is too narrow given the significant resource flows needed for developing countries to shift from high carbon, fossil-fuel energy to low carbon, renewable energy sources; to address the food crisis exacerbated by extreme and frequent climate events, floods, droughts, storms, loss of arable land and biodiversity; and to provide social protection for groups most vulnerable to the impacts of climate change including disease, landlessness, migration, poverty, and much more. Thus, far solutions to all these challenges have tended to be market- or technology-oriented and driven by corporate interests, which have created new inequalities between the North and the South. The third challenge is the inconsistencies between international trade rules (both WTO and regional trade mechanisms) and international environmental agreements.While economic south governments and civil society acknowledge some of these converging crises, as in other regions of the globe the inter-linkages between them are often ignored.
This project brings together actors working in various spheres of the areas of gender, economic and climate justice in the three regions of the Pacific, Africa and Latin America, in settings where people can raise difficult questions and political challenges in an atmosphere of trust and collective reflection. Specifically, participants include researchers and analysts from academia and civil society; policy makers from government, inter-governmental and regional institutions; and young and local women activists. The training institutes and consultations aim to provide venues for sharing information on a range of global and regional responses to the world multiples crises, including new initiatives that challenge hegemonic thinking and systems in finance, trade and monetary, and environmental policymaking, as well as for mapping current measures, mechanisms and programs at national and regional levels; and discuss possibilities, constraints and contradictions. The women’s rights activists from local and regional organizations will have their own facilitated input process.
Through the process, DAWN also hopes to encourage young feminists and women’s rights advocates to increase their engagement in transforming global economic and climate change governance structures; build capacity in policy analysis and advocacy on key gender, economic and climate justice issues, and their interlinkages; and encourage solidarity and support to contribute to policy proposals and social movement activism toward and during regional and global policy advocacy targets including the Tarawa Climate Change Conference (Kiribati, Nov 9-12 2010), CBD COP 10 (Nagoya, 27-29 October 2010), UNFCCC COP 16 (Mexico, Nov 29-Dec 10, 2010), Rio+20' Earth Summit (New York, May 2012), UNFCCC COP 17 (South Africa) and others.*
The GEEJ series began in the Pacific last September 2010, followed by Africa in November 2010, and to be continued in Latin America in March 2011.
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Justicia Económica, Ecológica y de Género en América del Sur
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Justicia Económica, Ecológica y de Género en América del Sur
Presented by Nicole Bidegain, DAWN Executive Committee Member
in the DAWN Panel on Gender, Economic and Ecological Justice in a Fierce
New World: Perspectives of Young Women from the Economic South
at the 12th AWID International Forum on Women’s Rights and Development
Instanbul, Turkey 22 April 2012
Hola a todas-os, mi nombre es Nicole Bidegain y formo parte de la red de activistas y académicas feministas DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era). En esta ocasión intentaré enfocarme en los vínculos entre justicia económica, ecológica y de género haciendo un análisis sobre qué es lo nuevo y que es lo que permanece en la región en el actual período post-neoliberal.
En un mundo que está tendiendo hacia la multipolaridad, América del Sur es vista cada vez más como una “región emergente”. La década 2002 – 2012 se constituye en un período inédito en la historia política de América del Sur con el ascenso al poder de gobiernos de izquierda y progresistas. La crisis del modelo neoliberal en los 2000 brindó oportunidades políticas para la emergencia de nuevos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda que convergen en plataformas que comparten “un mínimo denominador común”: la oposición al modelo neoliberal implantado y la búsqueda de alternativas.
En 2003, Lula da Silva del Partido de los Trabajadores (PT), asume la presidencia en Brasil y Néstor Kirchner, proveniente del peronismo, accede al poder en Argentina. En 2005, por primera vez en la historia de Bolivia es electo un indígena como presidente (Evo Morales) y lleva adelante una transformación del estado sin precedentes como la legitimación de la cosmovisión indígena del Buen Vivir. Así como por primera vez asume la presidencia una mujer en Chile, Michelle Bachelet del Partido Socialista Chileno. Ese mismo año en mi país es elegido Tabaré Vázquez, del Frente Amplio. En 2006 asume Rafael Correa en Ecuador y en 2008 Fernando Lugo es elegido presidente de Paraguay, quebrando el histórico dominio del Partido Colorado.
Lo interesante del ascenso de fuerzas de progresistas en la región fue su capacidad de reproducción ya que los partidos que fueron testados en elecciones nacionales pudieron reelegirse. Cristina Fernández en Argentina (2007-2011, 2011-2015), Rafael Correa en Ecuador (2006-2009, 2009-2013), Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay, Dilma Russef en Brasil, Hugo Chavez en Venezuela (1999-2012).
I. ¿Qué es lo nuevo?
1. Reconquista de grados de soberanía del estado sobre la esfera económica
Hay un resurgimiento del papel del Estado en la economía a través de acciones de regulación, intervención y promoción de una orientación estratégica.
En términos de políticas macroeconómicas: se llevó adelante una política de desendeudamiento y de acumulación de reservas internacionales por parte de los gobiernos de la región que aumentó los grados de maniobra frente a la crisis financiera internacional del 2008 y permitió mayor autonomía frente a las instituciones financieras internacionales.
En segundo lugar, se promovieron políticas monetarias y fiscales expansivas. Se promovió un tipo de cambio competitivo para las exportaciones. Asimismo se han llevado adelante políticas fiscales contracíclicas orientadas a sostener el empleo y mitigar los costos sociales de la crisis.
A su vez, se promueve una estrategia de re-industrialización y por lo tanto las políticas industriales heterodoxas vuelven a tener un rol preponderante. Por ejemplo, Argentina y Brasil retoman iniciativas del período de la Industrialización por Sustitución de Importaciones. Como forma de proteger la industria nacional, se implementan licencias no automáticas de importación y cuotas, se utilizan instrumentos como tipo de cambios diferenciales, se implementan retenciones a las exportaciones (Argentina). Esto tiene un impacto también importante para el comercio regional.
En relación al comercio exterior, en 2005 en la IV Cumbre de las Américas, los gobiernos del sur rechazan la propuesta de Estados Unidos de impulsar un área de libre comercio (ALCA) y comienzan a diversificar el destino de sus exportaciones. En este contexto, China cobra especial relevancia. Se promueve además un discurso a favor de profundizar la integración regional y comienzan a aplicarse medidas heterodoxas como el uso de las monedas locales en el intercambio comercial regional, en sustitución del dólar como referencia. De todas formas, existe una falta de implementación de los acuerdos políticos en el marco de la UNASUR como es la puesta en marcha del Banco del Sur.
2. Incremento del gasto social
Luego de una década de gobiernos progresistas se identifica una reducción sostenida de la pobreza. Según la CEPAL, en 2010 el índice de pobreza de la región se situó en un 31,4%, incluido un 12,3% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de personas pobres, de las cuales 70 millones eran indigentes. Esto demuestra que la tendencia en la reducción de la pobreza que venía manifestándose desde el año 2000 se mantuvo en el año 2010, a pesar del freno que significó la crisis del año 2009.
Este fenómeno es explicado en gran medida por el incremento del gasto social y la aplicación de políticas sociales. El incremento en los ingresos laborales y las transferencias públicas en efectivo han sido una fuente de ingresos que ha contribuido no sólo a reducir la pobreza sino a desconcentrar la distribución del ingreso per cápita (CEPAL 2011, 14)
También es importante destacar que “al menos una cuarta parte de la reducción de la pobreza regional proviene de la caída esperada de la pobreza en Brasil” (CEPAL 2011, 7).
3. Políticas de empleo y salarios en el Conosur
La tasa de desempleo urbano en 2011 de América Latina se redujo del 8,1% al 7,3%, situándose por debajo de los valores anuales de los últimos dos decenios (2011, 11).
En relación al mercado de empleo, en países como Argentina, Uruguay, Brasil se vuelven a instalar mecanismos de negociación salarial que fueron suspendidos en el período neoliberal. Estos permiten recuperar el retraso inflacionario en los salarios, debatir productividad, distribución de beneficios. De todas formas, es importante tener una estrategia más amplia para enfrentar el desafío estructural de la economía informal en América del Sur.
En el caso de Uruguay, los consejos de salarios como instrumento de negociación tripartita han contribuido al diálogo social y a mejoras salariales sustantivas. Se ha avanzando además en la formalización y la regulación de las relaciones laborales así como el incremento salarial en dos sectores vulnerables como el de las trabajadoras domésticas y trabajadores rurales. A su vez, varios convenios incluyen cláusulas que apuntan al desarrollo de las oportunidades de las mujeres como trabajadoras y a la redistribución del trabajo no remunerado y de cuidados como forma de revertir las brechas de género. Algunos de los acuerdos incluyen complemento de subsidios por maternidad, extensión de la licencia por maternidad, licencias por paternidad, compensaciones parentales, licencia especial por hijo con discapacidad, entre otras. Países como Costa Rica, Ecuador y Argentina también introdujeron reformas en la regulación de la jornada de trabajo o el acceso a la previsión social de las empleadas en el servicio doméstico (Espino 2010,12).
En Uruguay para enfrentar el desafío de la informalidad, se están implementando instrumentos como el monotributo social dentro del sistema de protección social.
4. Políticas hacia la valorización del trabajo no remunerado
En esta década, 14 países latinoamericanos han realizado encuestas de uso del tiempo con diferentes metodologías y abarcando diferentes áreas geográficas: Argentina, en 2005; Bolivia, en 2001; Brasil, en 2001 y 2005; Chile, en 2007; Colombia, en 2006 y 2008; Costa Rica, en 2004; Cuba, en 2001; Ecuador, en 2007; El Salvador, en 2005; Guatemala, en 2000; México, en 2002; Panamá, en 2005; Uruguay, en 2003 y 2007; y Venezuela, en 2008. Esto permitió evidenciar con números lo que todas ya sabemos: que existe una distribución desigual entre hombres y mujeres en relación al TN y TNR.
A su vez, países como Venezuela, Bolivia, Ecuador reconocen explícitamente en sus constituciones que el trabajo no remunerado realizado por las mujeres es un trabajo “productivo”, que genera riqueza y bienestar social y que es necesario contabilizarlo en las cuentas nacionales. Aunque aún existen grandes déficits de implementación, también reconozco como importante la inclusión de los servicios de cuidado dentro de los debates sobre la reforma de los sistemas de protección social en la región.
II. ¿Qué es lo que permanece o se profundiza en relación al período neoliberal?
1. Reprimarización exportadora
Un rasgo que se mantiene del período neoliberal refiere a la estructura productiva basada en la exportación de commodities. Este proceso se profundiza por la expansión económica de Asia y sobre todo de China y sus vínculos con la región. El aumento de la demanda china tuvo un impacto en el incremento de los precios de los commodites. Por lo tanto, se identifica un proceso de “reprimarización de la economía” que se basa en el extractivismo (minerales, hidrocarburos) y el monocultivo (soja, caña de azúcar, aceite de palma, madera).
Este fenómeno trajo aparejado un proceso de extranjerización y concentración de la tierra. Por ejemplo, para el caso de la soja en Uruguay en el año 2007, el 1% de los sojeros manejaban el 37% del área sembrada. “Se trata de grandes pools de siembra, en su mayoría de origen argentino, que solo en 7 años pasaron de no existir a manejar más de 180.000 ha de agricultura, en un proceso en el que año a año concentran un mayor porcentaje del total del área sembrada” (Blum et alt 2008, 34). La producción de soja vienen creciendo en forma acelerada desde mediados de la década de los 90’, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y más recientemente Uruguay, son protagonistas de un proceso.
Muchos de los problemas ambientales de la región, como la pérdida de biodiversidad, erosión de suelos o alteraciones en los regímenes hidrológicos, están directamente ligados con la estructura exportadora latinoamericana ya que como afirma Gudynas: “América Latina exporta sobre todo su naturaleza (2009, 6).
Podemos decir que varios gobiernos de la región han impulsado lemas como “Crecimiento con equidad” sin cuestionar las bases mismas del modelo así como tampoco las vulnerabilidades externas, ni los límites del crecimiento. El objetivo político primordial es obtener rentas para desarrollar políticas sociales, generar empleo y reducir la pobreza. Esto se encuentra en las bases del neodesarrollismo brasileño, como en el modelo “productivista” impulsado por Argentina y también Uruguay. Lo llamativo es que siendo gobiernos progresistas los elementos que se discuten y que marcan una diferencia con los anteriores gobiernos refieren al tamaño de las unidades productivas, al porcentaje de retenciones que debe cobrar el estado o la soberanía sobre los recursos. Sin embargo, cuestiones centrales en torno al propio modelo, tales como la nula generación de empleo, la expansión del monocultivo, la concentración y extranjerización de la tierra, el uso de los agrotóxicos, la megaminería y el desplazamiento de las poblaciones no son parte del debate (Svampa 2008, 27). En el caso de la región andina es aún más complejo debido a que se está apostando por el paradigma del buen vivir como eje de las políticas, los derechos de la naturaleza están reconocidos en las constituciones de Bolivia y Ecuador sin embargo, el extractivismo continúa.
2. La inversión extranjera directa
La otra cara de la reprimarización exportadora refiere a la atracción de inversión extranjera directa. Luego de una década de gobiernos progresistas no se identifican grandes cambios en relación a las facilidades y mecanismos para la atracción de IED que se otorgaron en el período neoliberal. La exoneración de impuestos, el secreto bancario, la falta de regulación tienen un efecto en el tipo de capital que se atrae que es de alta volatilidad, de corto plazo, especulativo y no promueve empleo nacional. Actualmente prevalecen prácticas donde los estados en busca de atraer inversión extranjera asumen los costos sociales y ambientales, y apenas logran generar medidas focalizadas de compensación de los impactos negativos más graves. A su vez, se están promoviendo cambios a nivel de los códigos de minería (Uruguay), el código forestal (Brasil) al servicio de las empresas.
Como sabemos, la IED totalmente desregulada se concentra en los nichos de alta rentabilidad y de poco riesgo, y no en sectores no rentables pero imprescindibles para la transformación de la estructura productiva de los países de la región (agua, ferrocarriles, energías renovables entre otros). Por lo tanto, es fundamental promover legislación para la regulación de la IED donde se incluyan por ejemplo, cláusulas de transferencia de tecnología e incluir insumos y recursos humanos locales.
3. La heterogeneidad estructural y las brechas de género
La CEPAL denomina la heterogeneidad estructural a las diferencias de productividad que existen entre sectores, dentro de los sectores y entre empresas en los países latinoamericanos. El estrato alto, compuesto por actividades de exportación y empresas de gran escala genera un 66,9% del producto y sólo un 19,8 % del empleo total. El estrato medio —que comprende a las pequeñas y medianas empresas (pymes)— genera un 22,5% del producto y su ocupación representa un 30% del total. Finalmente, el estrato bajo —estrechamente asociado al sector informal— concentra la mitad del empleo y aporta solo un 10,6% al producto (CEPAL 2011, 25). Entonces, mientras que el empleo se concentra en el estrato bajo de productividad, la mayor apropiación de ganancias (participación en el PIB) se da en el estrato alto, que solo absorbe en torno a uno de cada cinco ocupados. Estas asimetrías son en gran medida responsables de la concentración del ingreso laboral en América Latina.
Como sabemos, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. La desigualdad en la región además de ser alta, es persistente en el tiempo y se reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica. A su vez, las cifras agregadas que presenté anteriormente en relación a la disminución de la pobreza ocultan importantes desigualdades a nivel territorial, de género, étnico-racial.
Las mujeres perciben menores ingresos que los hombres, están más desempleadas y están sobrerepresentadas en la economía informal y en los empleos precarios. Por su parte, las poblaciones indígenas y afrodescendientes son más pobres, están menos educadas, perciben menores ingresos y tienen un acceso restringido a los servicios sociales tales como la salud y la educación. Estas desigualdades se interseccionan con las brechas etareas y disparidades territoriales, generando grandes brechas de desigualdad social.
Datos de la CEPAL aportan elementos en este sentido: “la brecha de participación labroal entre las mujeres de más y menos recursos se haya ampliado levemente. La mayor presión de cuidado infantil y la clara desprotección en esta materia en los sectores más vulnerables reflejan un rígido circuito de desigualdad. La carga de cuidado también incide en el aumento relativo del desempleo femenino respecto del masculino” (2011, 9). Por lo tanto, sin una reforma en serio que incluya los servicios de cuidado dentro de los sistemas de protección social y un reparto equitativo del trabajo no remunerado entre los hogares, la brecha de género no se reducirá, sin importar si corresponde a un período de bonanza o de de recesión económica.
Los gobiernos progresistas además están en deuda con las mujeres debido a la falta de avance sustantivo en áreas esenciales como la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, inclusive el derecho al aborto, la inclusión de la educación sexual en la currícula educativa, o la reforma del sistema judicial, policial y político necesaria para erradicar la violencia de género, así como la criminalización de los movimientos sociales.
4. Las estructuras tributarias regresivas
Por último, en la mayoría de los países permanecen estructuras tributarias regresivas ya que la mayor parte de la recaudación fiscal se realiza en impuestos sobre el consumo e impuestos indirectos. A su vez, existe una baja carga tributaria sobre las rentas y el patrimonio, estos dos factores afectan la distribución del ingreso y perjudican a los sectores más vulnerables de la sociedad (personas en situación de pobreza, mujeres, niños, etc.). Por lo tanto, para dotar al sistema tributario de un efecto redistributivo en favor de los más pobres y sobre todo de las mujeres se requerirá rediseñar el impuesto a la renta y los impuestos patrimoniales, así como mejorar el control de la evasión. En algunos países como Uruguay se ha implementado una reforma tributaria de corte progresivo (impuesto a la renta) para lograr una mejor redistribución del ingreso.
Conclusión
Como señalé, encontramos elementos emergentes y muchas continuidades. Estas tienen impactos sociales y ambientales importantes y que implican por ejemplo, políticas compensatorias a nivel social para reducir las desigualdades propias del modelo y a nivel ambiental para mitigar los impactos más graves. De alguna forma, la política social sigue estando supeditada a la política económica así como no existe una política ambiental que permita la transición a economías sustentables basadas en sectores con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y bajo impacto ambiental.
Por ello es importante transitar a formas de organizar la producción, la distribución, el consumo así como la reproducción social de una forma equitativa y más sustentable. Esto implica a su vez, la necesidad de modificar las reglas económicas, financieras y comerciales que se toman a nivel global y la posibilidad de transformarlas desde una perspectiva favorable a los países del sur. Muchas gracias.
Bibliografía
Bárcena, Alicia (2010), “Restricciones estructurales del desarrollo en América Latina y el Caribe: una reflexión postcrisis”, Revista de la CEPAL [online], núm.100, págs. 7-28
Blum, Alfredo, Narbondo, Ignacio y Oyhantcabal Gabriel (2008), ¿Dónde nos lleva el camino de la soja? Sojización a la uruguaya: principales impactos socioambientales, RAP-AL Uruguay http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Soja/El_camino_de_la_soja.pdf
CEPAL (2011) Síntesis del Panorama social de América Latina, 2011. División de Desarrollo Social, CEPAL. Disponible en: http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/45171/P45171.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl
CEPAL (2010) La Hora de la Igualdad, Brechas por cerrar, caminos por abrir. Disponible en: http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/39710/P39710.xml&xsl=/pses33/tpl/p9f.xsl&base=/pses33/tpl/top-bottom.xsl
García Delgado, Daniel y Nosetto, Luciano (comps.) (2006), El desarrollo en un contexto postneoliberal. Hacia una sociedad para todos, CICCUS, Buenos Aires. (Págs. 17 a 69)
García Delgado, Daniel y Peirano, Miguel (comps.) (2011), El modelo de desarrollo con inclusión social. La estrategia de mediano plazo. CICCUS, Buenos Aires. (Págs. 21 a 28; 55 a 76 y 189 a 227)
Gudynas, Eduardo (2009), Inserción internacional y desarrollo latinoamericano en tiempos de crisis global: una crítica a la CEPAL. Observatorio de la Globalización, D3E – Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina. Disponible en: http://www.globalizacion.org/observatorio/ODG7GudynasRevisionCepal.pdf
Pereira da Silva, Fabricio (2011) “¿Dónde llegará la marea rosa?” En Moreira, Carlos, Avaro Dante (coord.) América Latina Hoy. Sociedad y política, Villa María Editorial Universitaria de Villa María (en preparación).
PNUD (2010) Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe: Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Disponible en: http://hdr.undp.org/en/reports/regional/featuredregionalreport/RHDR-2010-RBLAC.pdf
Svampa, Maristella 2010, Movimientos Sociales, matrices socio-políticos y nuevos escenarios en América Latina, Working Papers 2010/1, One World Perspectives, Universitat Kassel Disponible en http://www.maristellasvampa.net/archivos/ensayo45.pdf
Bárcena (2010, 11) advierte que el papel de los países asiáticos tiene una doble dimensión. Si bien estos países representan un gran competidor para la región en las ramas manufactureras, son al mismo tiempo una fuerza que promueve las exportaciones de commodites. Por lo tanto, el efecto del impacto de los países asiáticos es distinto según la especialización internacional de los países latinoamericanos.
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by Noelene Nabulivou, DAWN Executive Committee Member
Article originally published online on Islands Business, April 2012 edition
Pacific governments and NGOs are increasingly asked to demonstrate effectiveness, uptake and ‘additionality’ in their climate change responses and the climate finance gurus develop new and more complicated methodologies every year.
Governments, development technical assistance and NGOs in the economic south find ourselves on a glorious merry-go-round of increasingly compartmentalised, professionalised and complex processes.
We are encouraged to use increasingly marketised models. We focus on endless growth as our main development goal rather than challenging fundamentally unsound production and consumption patterns; and all this in the midst of extraterritorial pressure from economic-military-industrial-development-aid complexes that endlessly distort and sometimes capture local and regional political, economic and social processes.
The heavy pressure to invest state resources and use external technical assistance to feed these insatiable and politically charged climate finance tracks is immense, and the consequences dire—especially for Small Islands and Micro-states. However, the problem is not only one of resource over-use and diversion from other sustainable development and human rights challenges, the suspect underlying conceptual frameworks of these globalised climate response systems also remain largely unchallenged.
There is, for example, a presumption that it is even possible and useful to separate climate change adaptation from mitigation approaches.
Also more broadly to distinguish climate change issues from wider long-term issues of ecological sustainability, gender equality and universal human rights.
But why do projects need to differentiate between ‘new effects’ and ‘usual development objectives’? Is it even possible? States and NGOs will come up with ways to satisfy donor M&E needs because they must. Whether this approach is helpful to sustainable development effectiveness is entirely another matter.
These dysfunctional globalised climate response systems also ignore and downplay universal human rights as a pre-requisite for sustainable development and climate justice. So we need to continually investigate, disrupt and transform our Pacific work on climate change by asking, for instance:
• Are we supporting marketised development and climate adaptation approaches where individual and community well-being and basic rights (personal, political, social, economic & cultural) are incidental rather than central?
• Do we legitimise government responses/strategies that view the planet primarily as a resource base for human wants and accumulation, and trampling on natural ecosystems and the biosphere?
• Are governments using an integrated and comprehensive human rights and gender equality framework to design their responses/strategies, or do they pick and choose which indicators to use?
• When advancing climate change and sustainable development theories, can we explicitly include attention to intersectional identity to better understand inclusion and exclusion dynamics? Precisely who is affected, why and how?
• How do governments and civil society co-design strong participatory processes from local to global, recognising the fundamental right of everyone to participate in decisions over their lives?
Just as Pacific societies develop strategies to address long-term and emergent sustainable development and human rights problems, other communities around the world are doing the same.
Strategies are endlessly shifting over time and space because of variables including community understanding of issues, NGO uptake, perceived urgency, local and regional political conditions, available entry points into regional and global advocacy tracks, donor engagement, etc.
Support and resourcing of these local and national strategies needs to scale upwards and outwards, not the reverse.
This is why DAWN GEEJ[i] work by young women advocates from the economic south includes public statements towards the Rio+20 Earth Summit that clearly state their rights and needs.
It is also why many of these activists will be present at the Rio+20 Earth Summit in June, others engage in UNFCCC, and more work on highly localised mining and extractive industry resistance.
Our government and civil society delegations should listen closely, as a consistent theme through GEEJ consultations are strong connections between bodily integrity and sexual and reproductive health and rights (SRHR); women’s economic, social and cultural rights; ecological rights and political decision-making and leadership:
Women negotiating through limited access to voice, participation and decision-making power across multiple constituencies inevitably have concerns across a continuum of ‘adaptive gaps and capacities’. Where the power over one’s body and actions is difficult to negotiate, and where there are fears for one’s physical safety in squatter settlements, rural villages, towns and cities, it is understandably hard to participate in local, national, regional and global processes.
Women may be leading community campaigns and advocating on climate change issues while simultaneously facing violence against themselves and their children. They may also be fighting for access to land, better marketplaces, water and sanitation, or asserting rights related to their maternal mortality, and facing discrimination because of their sexual orientation, gender identity and expression.
Women continue to organise, negotiate and challenge. But where large gaps and challenges appear, we often ask, ‘Why is ‘she’ not participating? ‘Where are the women?’ Women are there, dealing with double and triple political, economic, social care and reproductive burdens. And now for women in the economic south including Africa, Asia, Middle East and North Africa, Pacific, Latin America and the Caribbean, the situation is exacerbated by climate change and ecological disasters and demands—and development dynamics that ask for ever more demonstration of not just work, but ‘effectiveness’, ‘additionality’, ‘value-added’ and ‘multiplier factors’.
And if we are not alert and assertive, we also risk becoming neutralised ‘faces of climate change’ at the global level, with all the racist and condescending accompaniments.
It would seem reasonable to assert therefore, that if we continue to discuss climate justice and sustainable development as if all Pacific social citizens experience our states, societies, work, families and intimate relationships with equal power and in the same way, we will never come up with adequate strategies to address these multiple and linked social justice and human rights issues here at home, and globally.
It is also clear that we need to urgently address gender and sexual equality as a core social justice and human rights question, and as integral to development and climate change work.
After all, the question is not really about demonstrating ‘additionality’. It is about ensuring effectiveness in addressing these deep, complex and interlinked crises of human rights, finance, fuel, food and ecology in what DAWN calls this ‘fierce new world’. We can resist the silos, even as we engage and work to transform them.
[i] DAWN GEEJ information: http://dawnnet.org/advocacy-geej.php
Read the original article on the Islands Business website HERE.
For more information on GEEJ, click HERE
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Cook Islands Women’s NGO at the Pacific Islands Forum
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At the 2011 Pacific Islands Forum in Auckland New Zealand, the Cook Islands Government may be the only delegation with official NGO representation.
Kairangi Samuela of Punanga Tauturu Inc has been accredited to the Government delegation as an indication of the Government recognition of civil society and NGO partnerships in economic and social development. It is even more significant that it is a women’s NGO representative.[1]
Punanga Tauturu Inc (Cook Islands Women’s Counsellng Centre) is a Women and Children focused NGO whose objectives include creating a positive legal framework that recognizes the rights of women and children in accessing Justice in terms of domestic violence and other forms of gender based violence. They work to empower women through the provision of information and training programmes on legal literacy and human rights
The Cook Islands Prime Minister, Hon. Henry Puna agreed that Samuela be recognised as a member of the delegation and be included in debriefings and discussions during the Forum. Samuela acknowledges that it is a privilege to be given this level of access into Government negotiations and is working hard to understand how the processes work and identifying how NGOs can better influence the process during build up, and in the Forum itself.
Samuela says that she is quickly learning the different acronyms for organisations and understanding “diplomatic” talk in terms of negotiations. "These meetings are different from NGO meetings that are often loud and passionate and I am receiving support from various Government reps on the delegation in understanding the issues being raised, the ways to effectively engage in these spaces, and the opportunities for substantive impact."
Where are the women?
Samuela says that the lack of women in decision making positions in the Pacific Islands is clearly obvious at the Forum meeting in Auckland. There is only one female representative (Timor Leste at ACP meeting) and also Government delegations are made mostly up of men. This is also visible in the delegations of the Crop Agencies of the Pacific, for example Secretariat of the Pacific Community (SPF), and the Pacific Island Forum Secretariat (PIFS).
It has been suggested that this may be due to the issues of discussion taking place at the Forum which include Tourism, Trade, Energy, Climate change, which are generally male dominated areas of skills and expertise. However, Samuela disputes this notion saying that if we look at the tourism industry across the Pacific these are mainly dominated by women workers e.g Hotels, restaurants and other service sectors, which should make it even more important that women are promoted and recognised in Outcomes documents at the highest level of talks. This is the case for many other Pacific industries.
"Regardless, it is essential that women are always adequately represented at all levels of decision-making, including in national parliaments, in local government and at Forum meetings", says Kairangi Samuela.
It is also noted that there is a Forum section on the participation of women and the work being progressed in this area with UNWomen and the SPC in the Small Island States (SIS) discussion paper, and it is hoped that due seriousness and time is devoted to this discussion.
Climate Change funding?
Through the Small Island States (SIS)communiqué, the Premier of Niue had requested the Forum to develop stronger language to reflect the concerns of Pacific leaders in the delays in release of funds for financing Climate Change and also to recognise that climate change related impacts are already occurring and that assistance is urgently required.
The President of Kiribati also put forward a proposal to the SIS meeting to recommend that the Small Island States put forward stronger language to international talks on Climate Change issues. President Tong said that he had attended many international meetings regarding the COP discussion and is concerned that most of the language is about prevention with little recognition that work needs to be done now to address existing issues for many small island states. He is concerned that the International Committee seems to view Climate change as a mid level importance when Kiribati and other small island states view climate change work as urgent and impacts already at “extreme” levels, and that the small island states need to reiterate language that is reflective of this in the communiqué from the SIS.
He urged the small island states to mobilise now to deliver for the Durban COP17 talks in Nov-Dec this year to ensure that issues are attended to urgently including the need to address the release of funds for Climate change.
Punanga Tauturu believes that government and NGO delegations to COP17 and the Earth Summit in Rio+20 in July next year must support the meaningful participation of Pacific women, young people and Indigenous groups working on issues of gender, economic and ecological justice and human rights.
A recent statement by women advocates from across Pacific states indicated that the Pacific needs “policies and programs that empower communities, families and individuals, rather then exposing us to market assault and the changes in climate that affect land, livelihoods, handicrafts, indigenous medicines, staple food, symbolic wealth and our caring social relationships that include women’s informal networks of mutual support.” [2]
For more information: Kairangi Samuela, Punanga Tauturu Inc, Email: kairangi.samuel@gmail.com
Source: DAWN/Punanga Tauturu Inc.
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[1]
Kairangi Samuela is a DAWN Regional Training Institute alumnaand GEEJ network member. Kairangi acknowledges travel support by Dr Yvonne Underhill-Sem, Centre for Development Studies, University of Auckland and DAWN GEEJ Pacific network member. NZAID is an important core funder of Punanga Tauturu Inc.
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GEEJ Pacific Input into the UNCSD Sub-Regional Preparatory Meeting for the Pacific (Samoa, 2011 Jul 20-21)
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Statement on Gender, Economic and Ecological Justice by Young Women Activists from Latin America and the Caribbean
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Declaración de Montevideo de jóvenes feministas activistas de América Latina y el Caribe (Marzo 2011)
Nosotras, jóvenes feministas activistas de América Latina y el Caribe nos reunimos en Montevideo, Uruguay entre los días 18 y 21 de marzo del 2011 en la Consulta Regional y Capacitación para el Fortalecimiento e Incidencia en justicia de género, económica y ecológica convocada por Alternativas para el Desarrollo de las Mujeres en la Nueva Era (DAWN) y la Oficina de Educación y Género (GEO) del Consejo Internacional de Educación de Personas Adultas (ICAE). En este espacio construimos colectivamente la siguiente declaración:
Reconocemos la realidad dinámica y compleja de nuestra región, donde coexisten gobiernos neoliberales y progresistas, donde los derechos humanos y particularmente los de las mujeres han sido limitados por fuerzas conservadoras, y donde las desigualdades materiales continúan ampliándose entre géneros, raza/etnias, y clases.
Reconocemos que el actual modelo imperante de crecimiento y desarrollo basado en la mano invisible del mercado que la mayoría de nuestros gobiernos conoce, practica y promueve, ha fracasado. Rechazamos estos modelos que se basan en el extractivismo y los patrones de producción y consumo actuales, que no contemplan una visión integrada del desarrollo, sino que por el contrario, profundizan las desigualdades sociales y la insostenibilidad ambiental. Estos son a su vez, modelos heteronormativos, racistas y colonialistas entre cuyas consecuencias económicas se manifiesta la discriminación laboral, la falta de acceso a la seguridad social y a una educación de calidad por parte de personas afrodescendientes, indígenas, migrantes, homosexuales, lesbianas, transexuales e intersexuales. Las crisis sistémicas en nuestra región ocurren en un contexto de profunda disparidad entre el Norte y el Sur globales, cuyo telón de fondo es la división internacional del trabajo históricamente injusta, que se refleja en la división sexual del trabajo de la economía global de los cuidados.
Resistimos la financiarización, mercantilización y privatización de la naturaleza y condenamos el uso y difusión de las tecnologías que ponen en peligro el bienestar de la Madre Tierra, y que son una falsa solución a la crisis climática. Estas incluyen: los agrocombustibles, los organismos genéticamente modificados, la nanotecnología y la geoingeniería, así como los mecanismos de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REED+[1]), las plantaciones de monocultivos y otros megaproyectos. También rechazamos el desarrollo y generación de energía nuclear que no representa una solución a la reducción de gases de efecto invernadero y que por el contrario ostentan un riesgo serio para la subsistencia de todas las formas de vida en el planeta.
Creemos que el contexto anteriormente mencionado exige una reformulación radical de las políticas y prácticas de desarrollo. En la medida en que la calidad de la democracia depende de la participación igualitaria entre mujeres y hombres, incluyendo la participación de las y los jóvenes en los espacios de toma de decisión, nosotras jóvenes activistas feministas de América Latina y el Caribe proponemos el siguiente plan de acción de 12 puntos:
1.Exigimos que los gobiernos garanticen la participación activa de mujeres y jóvenes en los procesos de búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que de respuestas a las diversas problemáticas que hoy tenemos que enfrentar producto de las crisis financiera, política, climática, alimentaria, energética y de cuidados. Esta participación es crítica para el fortalecimiento de la autonomía y libertad de los pueblos para definir su presente y futuro.
2.Exigimos a nuestros gobiernos el reconocimiento constitucional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ecológicos, y la creación de los mecanismos idóneos para su justiciabilidad. Además, demandamos una política social integral que redistribuya equitativamente el poder, los recursos, los ingresos y los servicios, atendiendo las diferencias de sexo, etnia, raza, clase, orientación sexual, generacional, discapacidad y creencias.
3.Reafirmamos la importancia de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Consenso de Quito[2] (2007) que han sido producto de las luchas de las mujeres por la justicia. Exigimos la formulación de políticas nacionales y mecanismos para su cumplimiento.
4.Exigimos el reconocimiento y la cuantificación del trabajo de las mujeres en todas las modalidades (remuneradas formales e informales, precarias y no remuneradas), valorando el aporte significativo de las mujeres al sistema económico así como a su propia calidad de vida y dignidad.
5.Demandamos el acceso universal a la seguridad social, el desarrollo de servicios públicos de cuidados para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores sin importar su orientación sexual, así como la ejecución de políticas dirigidas a la redistribución equitativa del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y varones.
6.Exigimos el reconocimiento de las familias homoparentales en los sistemas estadísticos nacionales y las políticas públicas de la región.
7.Exigimos la plena vigencia de los Estados Laicos, el reconocimiento y la garantía de la salud y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como la despenalización y legalización del aborto, para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres a tomar decisiones libres e informadas sobre su maternidad y evitar las muertes por abortos clandestinos.
8.Exigimos el cumplimiento por parte de los gobiernos de la CEDAW[3], la Convención de “Belem Do Pará”[4] y la Convención y protocolos de Palermo[5], como mecanismos de prevención y erradicación de todo tipo de discriminación, desigualdad y violencia hacia la mujer. Los gobiernos deben prestar especial atención al combate de la trata y tráfico de mujeres, y del feminicidio. Los altos índices en la región de estas problemáticas demuestran la falta de voluntad política para combatir estas realidades que afectan la vida de niñas y mujeres. Los gobiernos deben también garantizar la erradicación de todo tipo de violencia y fundamentalismos, basados en ideas misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas asegurando la integridad y autonomía de los cuerpos, especialmente los de las mujeres.
9.Demandamos la creación de un Tribunal de Justicia Climática de América Latina y el Caribe que establezca responsabilidades por las consecuencias del cambio climático y la deuda ecológica incurrida por los países desarrollados , y que incluya programas de financiamiento para las comunidades más afectadas, priorizando a las mujeres.
10.Nosotras afirmamos que nuestro planeta es un ente vivo con derechos y espíritu y en éste sentido, hacemos un llamado para el diálogo ciudadano a fin de construir colectivamente el principio del “Buen Vivir” como alternativa necesaria para lograr el respeto por los derechos humanos de los pueblos en armonía con los derechos de la Madre Tierra.
11.Convocamos a movilizarnos y actuar contra la militarización, las políticas armamentistas-imperialistas, gobiernos dictatoriales y a solidarizarnos con las crisis sociales, ambientales y humanitarias, para el pleno respecto de los derechos humanos de los pueblos, especialmente de Honduras, Haití y Japón.
12.Hacemos un llamado al diálogo y la articulación entre movimientos sociales, en particular con las mujeres jóvenes en toda su diversidad para participar e incidir en los procesos políticos, sociales, económicos y ambientales, a nivel local y regional.
Montevideo Declaration of Young Feminist Activists from Latin America and the Caribbean (March 2011)
We, the young feminist activists from across Latin America and the Caribbean gathered in Montevideo, Uruguay from the 18th to 21st of March 2011 for a Regional Consultation and Training Institute on Gender, Economic, and Ecological Justice convened by Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) and the Gender Education Office (GEO) of the International Council for Adult Education (ICAE). In this space we collectively developed the following declaration:
We recognize the dynamic and complex reality of our region, where neoliberal and progressive governments coexist, where human rights, particularly those of women, have been constrained by conservative forces, and where material disparities across gender, race, ethnicity and class continue to widen.
We recognize the failure of the prevailing growth and development models, driven by the invisible hand of the market that the majority of our governments practice and promote. We reject these models based on extractive-ism and the current production and consumption patterns that do not contemplate an integral vision of development but on the contrary, deepen social inequalities and undermine environmental sustainability. These are hetero-normative, racist and colonialist models among whose economic consequences are labor discrimination, lack of access to social security and quality education for persons of African descent, indigenous people, migrants, homosexuals, lesbians, transgender and intersex persons. The systemic crises in our region is happening in a wider context of deep disparity between the global North and South based on a historically unfair international division of labor and reflected in the sexual division of labor of the global care economy.
We reject the mercantilism and privatization of nature and condemn the use and dissemination of technologies that endanger the welfare of Mother Earth and are false solutions to the climate crisis. These include agrofuels, genetically modified organisms, nanotechnology and geo-engineering, as well as mechanisms for reducing emissions from deforestation and degradation (REDD+[6]), monoculture plantations and other mega-projects. We also reject the development and generation of nuclear energy, which does not present a solution to reducing greenhouse gases and instead poses a serious threat to the survival of all life forms on our planet.
We believe that the afore-mentioned context demands a radical reformulation of development policies and practices. As evidence shows the quality of democracy depends on equal participation of women and men, including the youth, in all aspects of decision-making. We young feminist activists from across Latin America and the Caribbean therefore call for the following 12-point action plan:
1.We demand that our governments ensure the meaningful participation of women and young people in designing new development models that address the diverse problems we face stemming from the financial, political, climate, food, energy, and care crisis. Such participation is critical in strengthening peoples’ autonomy and freedom to define their present and their future.
2.We demand that our governments constitutionally recognize Economic, Social, Cultural and Ecological Rights and create mechanisms to enact them. We further demand an integral social policy that equitably redistributes power, resources, income and services taking into account gender differences across ethnicity, race, class, sexual orientation, generation, ability and belief.
3.We reaffirm the importance of the Beijing Platform for Action (1995) and the Quito Consensus[7] (2007), both hard won gains of women’s movements struggle for justice. We demand compliance through the formulation of national policies and mechanisms .
4.We demand the recognition and quantification of women’s work in all its modalities (formal and informal remunerated, precarious and non-remunerated), giving value to women’s significant contribution to the economic system as well as to their quality of life and dignity.
5.We demand universal access to social security, development of public services for children, youth and the elderly, regardless of their sexual orientation, as well as the execution of policies focused on the equitable redistribution of paid and unpaid work between women and men.
6.We demand recognition of homo-parental families in the national statistical systems and the public policies of the region.
7.We demand full respect for the secular state, the recognition and guarantee of sexual and reproductive rights and health as well as the decriminalization and legalization of abortion, thereby affirming women’s right to make free and informed choices and preventing deaths due to clandestine abortions.
8.We demand government compliance with the CEDAW[8], the Convention of “Belem Do Pará”[9] and the Convention and Protocols of Palermo[10], as mechanisms to prevent and eradicate all forms of discrimination, inequality and violence against women. Governments must give special attention to combating the trafficking of women and femicide. The high rates of these problems in the region show the lack of political will to fight these realities that threaten the lives of girls and women. Governments must also fully guarantee the elimination of all forms of violence and fundamentalisms based on misogynist, homophobic, lesbian phobic, trans-phobic ideas, insuring the integrity and autonomy of the body, especially that of women.
9.We demand the creation of a Climate Justice Tribunal for Latin America and the Caribbean that establishes responsibilities for the consequences of climate change and the ecological debt incurred by developed countries including financing programs in communities most affected, giving priority to women.
10.We affirm that our planet is a living entity with rights and spirit and in this regard, we call for citizen dialogues to collectively construct the principle of “buen vivir” (good living) as a necessary alternative that respects the human rights of peoples in harmony with the rights of Mother Earth.
11.We call for mobilization against militarisation, imperialist arms policies and dictatorial governments, and form solidarity around issues of social , environmental and humanitarian crises with full respect for peoples’ human rights, especially in Honduras, Haiti and Japan.
12.We call for greater dialogue and articulation among social movements, particularly among young women in all their diversity to participate and influence the political, social, economic, and ecological processes, at local, regional and global levels.
Las siguientes mujeres jóvenes activistas feministas de América Latina y el Caribe elaboraron esta declaración / The following young feminist activists from across Latin America and the Caribbean developed this Declaration:
Areli Fraga, Centro de Apoyo para el Movimiento de Occidente, REPEM, México
Carolina Cerveira, REPEM, Brasil
Diana Senior, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Florencia Partenio, Universidad de Buenos Aires/CEIL, Argentina
Gabriela Pedetti, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay
Giovanna Modé, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Brasil
Herlinda Villareal, REPEM, Colombia
Marcela Moreno, Centros de Estudios de la Mujer, Chile
Marianela Carvajal, Repúblika Libre, República Dominicana
Martha Rico, Centro Flora Tristán, Perú
Masaya Llavaneras, Maestría en Estudios de la Mujer, Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Nicole Bidegain, International Council for Adult Education, Uruguay
Rafaela García, Comuna Canaria, Uruguay
Rocío Salas, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú
Verónica Salinas, Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, Bolivia
Feminist, gender equality, social justice and human rights organisations: To add your organisational support to this statement, please send your name and work role, full name of organisation, and contact details to email/Para adherir a esta declaracion enviar un correa a: info@dawnnet.org or noelene@dawnnet.org. Please also indicate if contact details can be published online at the DAWN website.
We welcome additional support sign-ons until September 30, 2011. Additional signatures will be updated online.
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READ combined statements by Pacific, Africa, Latin America and Carribean young women activists.
GEEJ Pacific and Africa Discussions are available at DAWN Informs December 2010 Issue
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[1] REDD+ es un mecanismo propuesto para mitigar el cambio climático. Busca reducir las emisiones de GEI mediante el pago a las naciones en desarrollo para que detengan la tala de sus bosques; incluyendo a ello, el potencial de conservación, el manejo forestal y el aumento de reservorios de carbono en ellos. Este mecanismo es una estrategia que apoya la mercantilización de los bosques y el carbono, permitiendo a los países desarrollados continuar con las emisiones a través de sus grandes industrias y transnacionales.
[2] Consenso de Quito, Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. CEPAL.
[3]Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1979, Asamblea General de las Naciones Unidas.
[4] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 1994, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA.
[5] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 2000.
[6] REDD+ is a proposed mechanism to mitigate climate change. It looks to reduce GEI emissions through payment to developing nations to deter deforestation which includes the potential for conservation, management of forests and to increase the number of carbon reserves. This mechanism is a strategy that supports the merchandising of forests and carbon foot-prints, allowing developing nations to continue emissions through its large industries and multinational corporations.
[7] The Quito Consensus, 10th Regional conference on Women in Latin America and the Carribean. (CEPAL). A consensus agreement adopted by 33 governments at the 10th session of the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, held in 2007.
[8] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, United Nations General Assembly.
[9]Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women, 1994, Inter-American Commission on Human Rights,, OAS.
[10] United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 2000.
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